De jueces no humanos y las tonterías de Javier Marías

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jueces lunaticosLamento tener el defecto de rebelarme frente a la infamia y la lectura del reciente artículo publicado en el Dominical del País Semanal (8/02/2015) por Javier Marías, bajo el titulo “Jueces no humanos” y subtitulado “Hay no pocos jueces que no disimulan nada, y a los que no preocupa lo más mínimo manifestar síntomas de locura” merece un comentario como respuesta a un artículo pobre, pretencioso y que dice poco, o mucho según se mire, de quien lo firma.

Escuchemos las perlas que destila el artículo de quien se alza en “juez de jueces”, aunque recomiendo su íntegra lectura, pese a que como todo panfleto tienda a ser leído parcialmente antes de ser desechado.

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Una nueva Constitución para España

Empiezo este nuevo blog sugiriendo una borrador de nueva Constitución que llamaré la Novísima Constitución Española. Vamos a comenzar por el Título Preliminar. Os solicito toda clase de sugerencias.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. Principios básicos.

  1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el aconfesionalismo del Estado y el pluralismo político.
  2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes de todos los órganos del Estado. La Constitución garantiza la independencia de cada uno de los poderes del Estado
  3. La forma política del Estado español es la República democrática.
  4. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; resultando por tanto inconstitucional toda norma jurídica, disposición general o acto administrativo dictado con infracción de la citada garantía.

Artículo 2º. Unidad y autonomía.

  1. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones o Estados asociados.
  2. Una Ley Orgánica regulará las formas de asociación de los distintos territorios que componen la República, que podrá realizarse mediante las vigentes Comunidades Autónomas o declarándose Estado asociado a la República española.
  3. Dicha Ley orgánica regulará, asimismo, las formas y las condiciones en las que un territorio pueda independizarse de la República española.

Artículo 3º. Idioma.

  1. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes de la República, de las Comunidades Autónomas, de las Regiones o de los Estados asociados reconozcan a las lenguas de cada territorio integrante de la República Española. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua cooficial; dichas leyes establecerán los mecanismos que hagan posible este derecho frente al derecho de los ciudadanos de utilizar su lengua cooficial.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas o Estados asociados, de acuerdo con sus Estatutos o constituciones.

Artículo 4º. Capitalidad del Estado.

La capitalidad de la República se fija en Madrid. Sólo se podrá modificar mediante Ley Orgánica tras la celebración de un referéndum vinculante.

Artículo 5º. Integración universal de la República española.

El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.

Artículo 6º. Las fuerzas armadas.

  1. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
  2. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial. Sólo podrán actuar dentro o fuera de los límites territoriales de España cuando medie autorización expresa de las Cortes Generales. La infracción de lo dispuesto en este artículo se entenderá como delito contra la democracia y las altas instituciones del Estado por el Código Penal.

Artículo 7º. La bandera.

  1. Los ciudadanos decidirán en referéndum si la bandera española continúa siendo la formada por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja; o si la bandera vuelve a ser la formada por las franjas roja, amarilla y morada. Su fijación se decretará mediante Ley Orgánica
  2. Los Estatutos o Constituciones podrán reconocer banderas y enseñas propias de cada territorio. Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

 

Artículo 8º. Los partidos políticos.

 

  1. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
  2. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
  3. Ningún ciudadano podrá ostentar ningún cargo ni recibir retribución alguna de un partido político si está imputado formalmente, condenado o mientras tenga vigentes antecedentes penales por delito doloso.
  4. El Código Penal regulará los casos en los que los partidos políticos, por la frecuencia con que cometan delitos sus representantes o por actuar como organización criminal, deben ser ilegalizados.
  5. Ningún partido político podrá ser ilegalizado por sus ideas, ideologías ni objetivos. Una Ley Orgánica restablecerá todos aquellos partidos políticos que hubieran sido ilegalizados, judicial o administrativamente, por razones ideológicas.

Artículo 9º. Los sindicatos y las asociaciones empresariales.

  1. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
  2. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
  3. Ningún ciudadano podrá ostentar ningún cargo ni recibir retribución alguna de un sindicato a asociación empresarial si está imputado o condenado por delito doloso.

A sindicatos y patronales les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo anterior.

Frente a la lentitud de la justicia: ¿ calculadora, cerradura o trituradora?

Efectivamente los efectos son perversos y las causas muchas (no sólo el número de jueces). Afortunadamente existen soluciones: el profesor Pérez Moreno ha elaborado para el Ministerio de Justicia un borrador de proyecto de Ley que probablemente terminaría con el retraso en la Jurisdicción Contencioso-administrativa en un par de años. Él, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recupera la figura del relator (árbitro-mediador que dictaría laudos vinculantes en determinadas materias y que propondría un borrador de Sentencia en las demás). Este cuerpo de relatores estaría compuesto por Magistrados, profesores y juristas de reconocido prestigio que estén jubilados. Sueldo: lo que estén cobrando de pensión (que obviamente sería compatible). Resultado: gran disminución de los plazos procesales, garantía de calidad y coste súper económico.
El proyecto se ha paralizado, al parecer, por la dimisión del Ministro de Justicia y su equipo.

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burocracia judicialMe entero de que hace unos días fue noticia que mas de ocho mil juristas por twitter denunciaban la lentitud de la justicia española a la vista de los señalamientos de juicios laborales y contenciosos para 2019. Y es que, en los últimos tiempos, pese a que la litigiosidad ha descendido por el impacto de las tasas judiciales unido al desaliento para afrontar litigios del ciudadano medio, se oyen voces irritadas por la exasperante dilatación del señalamiento en algunos Juzgados contencioso-administrativos y sociales, de juicios para dentro de tres o cuatro años. A ello se une la morosidad de litigios civiles de testamentarías o de familia, por no hablar de algunas instrucciones penales que tienden a sobrevivirnos a todos tras pasar por varios jueces y trienios.

No pretendo dar soluciones para esta eterna cuestión que presenta complejas y variadas perspectivas: psicológicas ( quien plantea una demanda cualquier espera O trámite…

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